Asegurados ocho presuntos integrantes de estructuras del ELN

El material probatorio obtenido en el trabajo investigativo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió judicializar a ocho personas señaladas de participar en la acción terrorista contra la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, en el sur de la ciudad.

Los elementos dan cuenta de que los procesados harían parte de dos estructuras del ELN, el Frente de Guerra Oriental y el Frente de Guerra Urbana, y cumplieron distintos roles en el ataque que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas, el 17 de enero de 2019.

Planeación y ejecución

Por la presunta responsabilidad en la planeación y ejecución del ataque, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a:

  • Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús o Barbas, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central (COCE) del ELN para planificar el ataque a la Escuela General Santander. Fue imputado por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, los dos en concurso homogéneo; terrorismo en concurso homogéneo, y rebelión. Contra esta persona también hay evidencia que la involucraría en la detonación de artefactos explosivos contra dos sedes de Porvenir en Bogotá (Calle 72 y Puente Aranda), el 2 de julio de 2015.
  • Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, señalada de acompañar en motocicleta el carrobomba activado en la escuela de cadetes. Fue imputada por homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, actos de terrorismo y rebelión. En su contra hay elementos que la vincularían directamente al denominado Frente Urbano Nacional y de participar en algunas reuniones realizadas por el ELN en Venezuela.
  • Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, imputado por el delito de actos de terrorismo. También habría acompañado en motocicleta el carrobomba.
  • Jessica Catherine Barrientos Castilla, alias Jessica, sería integrante de la Comisión de Finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN. Fue imputada como presunta responsable de los delitos de financiación al terrorismo y actos de terrorismo, y rebelión.
  • Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá que habrían servido para financiar la acción criminal. Fue imputado por los delitos de financiación al terrorismo, rebelión y actos de terrorismo.

Por solicitud del fiscal del caso, ‘Jesús’ o ‘Barbas’, ‘Maco’, ‘Jessica’ y ‘Toño’ recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, fue cobijado con detención domiciliaria en atención a su edad y una condición especial de salud.

Financiación

Por su parte, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a tres personas que harían parte de una red criminal del ELN señalada de blanquear recursos obtenidos de actividades ilícitas y financiar acciones terroristas como la de la Escuela de Cadetes General Santander. Los procesados son:

Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus Vargas, conocidos como ‘Carlitos’ y ‘Sebas’, respectivamente, serían los encargados de dirigir comercializadoras de derivados lácteos que, supuestamente, sirvieron de fachada para legalizar dineros del Frente Oriental de Guerra del ELN. Los dineros obtenidos, al parecer, fueron usados para comprar material de intendencia y armas que eran transportados en vehículos refrigerados entre quesos y otros alimentos.

Alias Carlitos fue imputado por enriquecimiento ilícito. Por su parte, a alias Sebas la Fiscalía le formuló cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Carlos Felipe y Luis Sebastián son hermanos de Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, capturado en mayo de 2019 y condenado a finales del año pasado a más de ocho años de prisión por rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.

Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani, empleada de la empresa de lácteos llamada El Arauqueño, quien habría manejado durante ocho años millonarias sumas de dinero sin una clara procedencia. Se le atribuye una transferencia de 1.500 millones de pesos a la estructura del ELN que ejecutó el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Alias Dani habría tenido vínculo sentimental con alias El Quesero, durante el tiempo que ejerció la actividad ilegal.

Los hermanos Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus Vargas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani, fue cobijada con detención en su lugar de residencia, en atención a una enfermedad que padece y requiere tratamiento médico especializado.

En otro proceso que se sigue contra los hermanos Mateus Vargas, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a varios de sus bienes, como la Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldama S.A.S.; los locales comerciales Lácteos Villa Yulita, Quesera Los Andes, Distriquesos F.F. y Lácteos Villa Esperanza; y cuatro vehículos.

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