Una bomba social se convirtió para Bogotá el manejo de centros para habitante de calle
Por meses hemos alertado de la situación crítica por el manejo que se le ha dado a los protocolos frente al Covid-19 en diferentes centros de atención. La crisis es evidente ahora son los funcionarios quienes denuncian falta de insumos de bioseguridad para desarrollar su trabajo y demoras en el pago de su salarios en plena crisis.
En el marco de la apuesta de la pasada administración por garantizar atención integral a personas habitantes de calle y en riesgo de habitar en calle se dio la apertura de 3 centros con enfoque diferencial: Hogar de paso mujeres diversas, hogar de paso carreteros con sus mascotas, y una comunidad de vida con enfoque agropecuario. Se aumentó en el presupuesto para la atención de ciudadanos habitantes de calle, pasando de $186.607 millones en la administración anterior a $256.250 millones en la Bogotá Mejor para Todos, es decir, un aumento del 37%. Aunque Bogotá ha avanzado en la formulación e implementación de una política pública para abordar el fenómeno de la habitabilidad en calle, el número de personas en esta condición sigue representando una cifra significativa que demanda una atención prioritaria ahora más en el marco de una emergencia sanitaria y social como la que enfrentamos.
En la capital hay 9.538 personas pertenecientes a esta población, de acuerdo con el VII Censo realizado por el DANE, un panorama que muestra que parte de lo que se debe fortalecer es el trabajo interinstitucional, la inclusión de los ciudadanos habitantes de la calle que los convierta en cuidadores de la ciudad. Ahora en términos del Covid-19 la atención y los protocolos de bioseguridad deben brindar la mayor protección tanto a las personas en esta condición, como a los funcionarios. No obstante, sorprenden cada semana denuncias sobre su estado en medio de la crisis, fallas en los protocolos, falta de atención a hechos prevenibles y ausencia de coordinación y preocupa que:
- En el Hogar de Bakatá se haya generado un foco masivo de Covid con 113 casos positivos de Covid en habitantes de calle y 18 funcionarios.
- En ese mismo centro tuvo que ser sellado por el alto índice de contagios, y los funcionarios los pasaron a al hogar de paso de la Carrera 35.
- En el Centro de Atención Transitoria, CAT, ya se registren 78 casos positivos de usuarios y funcionarios con Covid-19.
- En el Hogar de paso Mártires hay un promotor contagiado y lo aislaron para evitar otros contagios.
Sin embargo, parece que esto aún no llama la atención de la Administración Distrital, que sigue indiferente con la necesidad de protección integral a sus trabajadores. Cuando comenzaba la pandemia, en el mes de abril comenzamos a hacer eco de las quejas de servidores públicos que argumentaban no tener acceso a un tapabocas adecuado o guantes, y a la fecha sostenemos denuncias de otros que indican que no se les ha suministrado cambio de traje de bioseguridad desde el inicio de la pandemia, ya 4 meses con el mismo traje en las calles.
Si es el Distrito el encargado de garantizar el normal desarrollo de las funciones de estas personas y sus condiciones de bioseguridad para trabajar, no se entiende cómo a la fecha no se han contratado carros para la Secretaría de Integración Social, fundamentales para que los funcionarios puedan realizar con todos los protocolos los recorridos por la ciudad en pro del bienestar de esta población y por el contrario se les expone a recurrir a taxis para movilizarse, y de acuerdo con la instrucción, solo cuando se trate de una emergencia. Otros más, aseguran que sus pagos son demorados y actualmente a algunos promotores no se les ha cancelado su salario. Esto no puede ocurrir en medio de una crisis tan grave, con una cuarentena prolongada donde son ellos personal de primera línea, que está exponiéndose al virus con atención de personal que vive en las calles y que tampoco cuenta con condiciones mínimas para evitar el contagio.
Recordemos que tenemos un camino trazado para su protección sobre el que no se debe retroceder, y, con una ciudad que le apuesta al ‘Contrato Social’, debemos brindar la confianza de que estamos protegiendo a todos los ciudadanos. Reitero el llamado que insistentemente le hemos hecho de manera personal, pública y en debates a la Secretaría de Integración Social y a la alcaldesa de Bogotá para que ya no hagan más oídos sordos al clamor de sus funcionarios y acojan las solicitudes, alertas y recomendaciones que hemos hecho desde el Concejo de Bogotá. No más demora y no más excusas, hay que cuidar la vida.
Lucía Bastidas
Concejal de Bogotá
