La inseguridad en Bogotá no está asociada a la migración
La ciudad enfrenta una crisis que sin duda ha agudizado la problemática social y el delito. Sin embargo, la solución no se encuentra en responder improvisadamente bajo argumentos cargados de estigmatización y discriminación que en nada aportan a la situación actual y que distraen de las acciones concretas en seguridad y apoyo social que requieren quienes habitan Bogotá. La inseguridad que crece a diario y con más crudeza, debe atacarse con resultados que aún no vemos del ambicioso plan de cuadrantes dinámicos e inteligencia que anunciaba hace unos meses la Administración Distrital.
La migración de venezolanos al territorio colombiano es un fenómeno que se ha presentado desde las últimas dos décadas a través de cuatro grandes momentos que fueron: en un primer momento, por parte de empresarios que se sentían atraídos por la globalización en la economía en diferentes sectores económicos; el segundo, al inicio del mandato de Hugo Chávez, con ejecutivos de alto nivel que ingresaron al país y se radicaron en las compañías petroleras donde se les ofrecieron beneficios laborales que ya no tenían en su país; más tarde, una tercera migración alta de profesionales y tecnólogos que llegaron a Colombia en búsqueda de nuevas oportunidades y la más reciente, en los últimos dos años, de población en general por la crisis política, social y económica que atraviesa su nación.
Pasamos en Colombia de tener presencia de 25.573 ciudadanos venezolanos en el año 2014 a 1.748.716 a corte de junio 30 de 2020, de este dato, 762.857 son regulares y 985.859 irregulares en su situación al interior del país. En su mayoría mujeres entre los 5 y 49 años, seguidas por hombres entre los 5 y 39 años. Actualmente, Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali, son las ciudades que albergan el mayor número de ciudadanos del vecino país, un 40% del total de venezolanos radicados en Colombia. Hablamos de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas incluso en condición de discapacidad y vulnerabilidad extrema, que huyen de un conflicto, de una cruda realidad en su país y necesidades propias de su situación; son miles en Colombia, y por unos cuantos no se les puede discriminar.
Es equivocado precisar u orientar la opinión a que el crimen que se recrudece con cifras escalofriantes en la ciudad y con más preocupación en el marco de una pandemia, proviene de una minoría. Cuando la realidad, según cifras oficiales de Migración Colombia, referenciadas de informes de las autoridades, reflejan que de un 100% de los hurtos reportados por la Policía Nacional, la realidad indica que un 96% es cometido por población colombiana y tan solo un 4% por extranjeros. A esos, extranjeros o colombianos, cualquiera sea su nacionalidad, que han elegido el delito como forma de vida; deben ser capturados, judicializados y condenados con todo el peso que amerite los actos cometidos. El delito no obedece a origen, sexo, raza, color, creencia, educación. Hemos sido testigos de crímenes protagonizados por personas de toda clase social en el mundo entero, de todas las razas y credos, y no por ellos podemos simplemente juzgar apresuradamente a quienes comparten esos rasgos en común pero que sin duda tienen un estilo de vida y dignidad diferente.
No es momento de generar xenofobia; por el contrario, reconociendo la realidad de la ciudad y los retos que ha generado la pandemia del Covid-19, articular esfuerzos, para superar la crisis de inseguridad en la que está sumida Bogotá, a la falta de apoyos sociales durante la cuarentena que conllevaron a más familias residentes a la vulnerabilidad, el desempleo creciente que hoy se ubica en 22%, la quiebra del 31% del comercio bogotano, una movilidad que no tiene norte, temas de prioridad en la agenda de ciudad que de concentrar las acciones de la Administración como debería estar ocurriendo, generarían menos incertidumbre en los ciudadanos. La inseguridad en Bogotá no está asociada a la migración y esperamos los resultados que en inteligencia, capturas y desarticulación de bandas ya debería estar arrojando el plan de choque que lanzó la Alcaldía hace más de tres meses como la solución a la crisis.
Los venezolanos #SonNuestrosPanas
Lucía Bastidas Ubaté
Concejal de Bogotá
