Por fraude a resolución judicial en caso de Uber, vinculan operadores móviles

La Fiscalía 32 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y los Mecanismos de Participación Democrática, citó al apoderado de COTECH- TAXIS LIBRES el abogado Nicolas Alviar y a su representante legal, para recibirles diligencia de entrevista y ampliación de denuncia.

la Fiscalía 32 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y los Mecanismos de Participación Democrática, por medio de la Policía Judicial avanzó en la investigación que se adelanta contra UBER y sus representantes por un posible delito de fraude a resolución judicial. 

En diligencia de entrevista, ampliación de denuncia y recepción de pruebas el representante legal de la empresa COTECH SAS operadora tecnológica de la APP TAXIS LIBRES, junto con el abogado NICOLAS ALVIAR,  presentaron las pruebas que posiblemente demostrarían que UBER  y los operadores de telecomunicaciones estarían aparentemente incurriendo en el delito de Fraude a Resolución Judicial en la medida que tras en resonado fallo del 20 diciembre de 2019 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, la aplicación debía haber dejado de funcionar. Hoy cerca de 3 meses después de que se diera la orden, UBER sigue con una operación idéntica a la que venía manejando en los últimos años, y abiertamente declaro que volvía al país buscando una alternativa al fallo que le ordenaba suspender sus actividades.

Para los denunciantes, este accionar de UBER en Colombia es la manifestación explicita y publica de abstenerse de cumplir las órdenes judiciales apartándose del imperio de la ley a la que están sometidas todas las empresas y personas naturales.

Tras la audiencia el abogado Nicolas Alviar  hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación,  para que active el aparato judicial y garantice por medio de las herramientas jurídicas el cumplimiento de la ley reflejado la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio; a su vez  manifestó que el Gobierno y sus instituciones, como lo es la Fiscalía,  deben garantizar que  cualquier persona debe someterse a la decisiones judiciales, de lo contrario estaría avalando que se haga justicia por su propia mano, tomando vías de hecho con el fin de eludir la justicia, lo que reflejaría la debilidad institucional del aparato judicial, y se  seria un mensaje de errado para los inversionistas  que buscan en Colombia un país con seguridad jurídica y un aparato judicial eficiente y eficaz.

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