Entre Primo Y Primo…
Camilo A. Enciso*/ Columnista Invitado
Según conversación del Instituto Anticorrupción con Juliana Pungiluppi, quien fuera directora del ICBF durante el primer año y medio de la administración Duque, la señora Claudia Daza ingresó a la entidad “en desarrollo de visitas oficiales en no más de cinco o seis ocasiones”.
Extrañamente, solo una de esas visitas consta en el registro oficial de ingresos de la entidad, el cual fue obtenido por el Instituto gracias a un derecho de petición radicado en desarrollo del proyecto CabilVeo.
De conformidad con la respuesta del ICBF, Daza ingresó al despacho de la directora a las 3:00 p.m. del 28 de agosto de 2019, seguida de un curioso visitante, Álvaro Eduardo Pupo, quien entró a las 3:31 p.m.
En la agenda de Pungiluppi, también en manos del Instituto Anticorrupción, no aparece programada una cita con él, pero sí con Daza, a la que se hace referencia como Cayita Daza. (Imagen 2) Es evidente que es la misma Claudia Daza de la UTL del senador Álvaro Uribe, quien sirvió de enlace entre la campaña Duque y el Ñeñe Hernández. De otra parte, tenemos noticias de Pupo desde 2006, cuando fue vinculado por un testigo con actividades cercanas al paramilitarismo, tal como se comentará más adelante.
Al revisar las horas de salida de la entidad, se ve que Daza partió a las 3:50 p.m. y Pupo a las 5:08 p.m. Así, podría pensarse que cada uno habría asistido a un compromiso independiente con Pungiluppi. Pero dos razones sugieren lo contrario. Primero, la reunión con Pupo no aparece en la agenda de Pungiluppi, como ya se dijo, y la lógica indica que es improbable que una persona llegue a una reunión con la cabeza de un departamento administrativo sin cita previa y que la dejen seguir como si nada. Alguien le consiguió la cita o el ingreso. Segundo, y más diciente, las mamás de Claudia Daza y de Álvaro Pupo, de apellidos Castro Baute, son hermanas. Claudia Daza y Álvaro Pupo son primos hermanos.
Por su lado, Álvaro Eduardo Pupo es primo hermano de Jorge 40, cuyo nombre real es Rodrigo Tovar Pupo, el conocido jefe paramilitar que fuera extraditado a Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, quien además es el padre del nuevo director de Víctimas del Ministerio del Interior, Jorge Tovar, que en 2017 trinaba diciendo: “Mi papá, prisionero político en Estados Unidos, lleva 9 años de estar preso en ese país y no le han mostrado una sola prueba en su contra”. (Imagen 3) Así, Cayita Daza es prima de Pupo Castro, quien a su turno es primo de Jorge 40. Es decir, son primos segundos.
Dejando la genealogía de lado, este cuadro que acá se dibuja plantea una pregunta importante: ¿Qué tienen que hacer en una misma reunión –quien hasta hace poco era– la mano derecha de Álvaro Uribe en el Congreso, el primo hermano de Jorge 40 y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? El mismo registro de ingresos al ICBF nos da luces para responder el interrogante.
A las 3:22 p.m. de ese mismo día entró al despacho de la directora un tal Nixon José Cáez Jiménez. El ingreso de Cáez se dio justo entre la hora de entrada de los dos primos, pero con salida a las 5:08 p.m., la misma hora de salida de Pupo. No es descabellado inferir, por lo tanto, que todos entraron juntos a la misma reunión, o que después de salir de la reunión con la directora fueron juntos a “hacer la ronda” por otras direcciones del ICBF.
Nixon José Cáez Jiménez es el representante legal de la Fundación Amigos de la Comunidad de Colombia (FAMILCOBB), una fundación registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla, que ha suscrito numerosos contratos con el ICBF.
Cuando empezamos a buscar en el SECOP los contratos de esta fundación con el Estado parecía que sólo tuviera cuatro o cinco, algo raro porque en el Registro Único Empresarial aparecían 13. Tras larga búsqueda concluimos que FAMILCOBB había firmado, desde 2016, 35 contratos con las direcciones regionales del ICBF en Atlántico, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y Cesar, por 33.192 millones de pesos. Todos bajo la modalidad de contratación directa, es decir, sin licitación. 24, por 20.209 millones de pesos, fueron adjudicados desde agosto de 2018. Además, varios tienen adiciones presupuestales significativas, que se acercan al 50 % del valor total del contrato inicial. En complemento de lo anterior, habría que decir que, según Pungiluppi, FAMILCOBB obtuvo aún más contratos de los que nosotros encontramos, sumando 45 en total, como lo demostraría una tabla compartida por ella, que muestra que en 2020 la fundación de Cáez obtuvo 13 contratos.
En vista de todo lo anterior, el Gobierno Nacional debería responder como mínimo estas preguntas: ¿Quién gestionó la cita del 28 de agosto de 2019? ¿Álvaro Pupo? ¿Cayita Daza? ¿El contratista estrella del Cesar? ¿O Susana Correa, la directora del DPS, entidad cabeza del sector al cual está adscrito el ICBF? ¿Uribe sabía de las mismas? ¿Qué se discutió en ellas? Juliana Pungiluppi nos dijo que según la persona que le había servido como enlace legislativo, “el señor Pupo era una especie de acompañante de Claudia Daza, que no entraba a las reuniones”. En lo referente a Claudia Daza, afirmó que le pedía recibir a los congresistas de su partido y otros de la coalición de gobierno, incluyendo a Astrid Sánchez Montes de Oca. En cuanto a Cáez, no lo recuerda.
Algo más para tener en cuenta antes de concluir: en diligencia indagatoria de 2006 el exdirector de Informática del DAS Rafael García afirmó lo siguiente:
“Yo fui testigo cuando Jorge Noguera le pidió aprobación a las AUC para el nombramiento de Rómulo Betancourt como director del DAS en Bolívar y dicen que él era el encargado de esa labor de exterminio. Las listas se las hacía llegar Jorge a las AUC a través de Álvaro Pupo, el cual es familiar de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del bloque Norte”.
Noguera, cabeza de la entidad, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2011 a 25 años de cárcel por varios delitos, incluyendo el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis, concierto para delinquir, supresión de documento público y revelación de asunto sometido a secreto (ver acá). Asombrosamente, Álvaro Eduardo Pupo, el mismo que visita las oficinas del ICBF en compañía de Cayita Daza y de un contratista encargado de la ejecución de contratos multimillonarios que tienen por objeto alimentar a los niños pobres de Colombia, nunca fue condenado.
Primera ñapa: Álvaro Eduardo Pupo es hermano del exalcalde de Valledupar Ciro Pupo, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2007, cuando fue destituido por la Procuraduría por violar el régimen de contratación estatal (ver acá). Álvaro Eduardo, por su parte, era una de las personas más influyentes en la administración de su hermano, una especie de Iván Moreno.
Segunda ñapa: El problema con el nombramiento de Jorge Tovar como director de Víctimas del Ministerio del Interior es claro: tiene un conflicto de interés insuperable. Chocan en él el interés del hijo, que defiende una visión de la historia de Colombia que exculpa al padre, con el interés de las víctimas en ser reparadas por sus victimarios, entre los cuales están los líderes paramilitares, uno de los cuales es Jorge 40.
Tercera ñapa: Álvaro Uribe Vélez es el padrino del hijo de Ciro Pupo Castro
* Penalista, director del Instituto Anticorrupción.
