En la Séptima se está privilegiando la inequidad, inseguridad e insalubridad en el comercio
De esta manera se refirió la Concejal de Bogotá Lucía Bastidas Ubate, frente a la situación que se evidencia a lo largo de la Carrera Séptima y San Victorino, se le está saliendo de las manos a la Administración Distrital.
No se entiende cómo, en pleno pico de la pandemia, se autoriza sin explicación alguna el auge de un comercio desorganizado, que genera aglomeraciones, por personas que indiscriminadamente han salido a tomarse cualquier espacio a costa de la protección y la salud de los ciudadanos y en detrimento de la operación del comercio.
La cuarentena recayó fuertemente con un cierre obligatorio que deja pérdidas superiores al 90%. En el caso del comercio formal y con el aval del gobierno a la reactivación gradual, se ha venido cumpliendo con estrictos protocolos para su entrada en operación, grandes inversiones en bioseguridad (compra de trajes y vestimenta especial, alcohol, gel antibacterial para usuarios), pago de arriendos, vigilancia privada, afrontando lo que implica el procedimiento en la obligatoriedad de la inscripción en la plataforma, el tiempo de espera en aprobación y verificación y adicional a ello, enfrentándose a un injusto cobro de servicios públicos que les fueron promediados e incrementados aunque sus locales estaban cerrados.
Es un tema de doble vía, que así como vendedores formales e informales resultaron impactados por la cuarentena; ambos, deben cumplir con los protocolos para operar. Si, en manos del comercio formal estaba poner esfuerzo y recursos para cumplir con esos requerimientos; para los vendedores informales, es el Distrito el que está en el deber ayudarlos, en una problemática que impacta a localidades como La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe. Por ende: ¿Cuáles son los protocolos a la venta informal establecidos por la Alcaldía?, ¿Quién vigila y verifica que se cumplan? ¿A cargo de quién está la tarea del cuidado y seguridad del espacio público en estas condiciones? ¿Cómo se garantizará que no se genere un foco de contagio con la llegada indiscriminada de venta informal de otras localidades a este sector donde hay más presencia de ciudadanos y permisividad?
Es urgente la articulación de la Secretaría de Gobierno a través de las alcaldías locales en cuestión para reglamentar, verificar y organizar, el IPES con apoyo, acompañamiento y formalización, la Secretaría de Seguridad garantizando presencia de Policía y vigilancia, la Secretaría de Salud con campañas de prevención y acompañamiento en puestos de atención y revisión, la UAESP con limpieza y recolección de basuras. En conjunto para retomar el control de una situación que a todas luces es insostenible en el centro de la ciudad. Y, el llamado a la Administración para atender la voz del comercio formal que pide garantías en su compromiso de acogerse a los protocolos cuando con todo y eso, en muchos casos no ha logrado obtener la autorización para funcionar.
Lucía Bastidas – Concejal de Bogotá