Representante Mauricio Toro Radica de Nuevo Proyecto de Ley para Regular Plataformas Digitales de Transporte

Mauricio Toro, del Partido Verde, vuelve a radicar su Proyecto de Ley para la regulación de las plataformas de transporte y para “equilibrar la cancha” equiparando las cargas y derechos tanto de conductores de plataformas, como de taxistas. A su vez, un grupo de congresistas que antes apoyaba la iniciativa de Toro, ahora bajo la batuta del Ministerio de Transporte, han radicado otro proyecto con el mismo propósito, pero con medidas totalmente contrarias a las propuestas por Toro. Por lo tanto, el debate en el Congreso estará mediado por dos formas opuestas de aproximarse a la realidad de las plataformas de transporte.

“Celebro que al fin la bancada de Gobierno haya destapado sus cartas, y partamos de una premisa común: llegó la hora de regular las plataformas de transporte así a las Empresas de Taxis no les guste. Pero entre el proyecto que yo propongo y el que propone la bancada de Gobierno, y en teoría el Ministerio de Transporte, hay dos mundos completamente distintos: mientras yo propongo una reglamentación moderna, que elimine cargas a los taxistas, y permita el funcionamiento de las plataformas basándose en el libre mercado; por el contrario, la nueva propuesta del Gobierno lo que hace es imponer más de 10 engorrosos trámites, exigiendo que los conductores se constituyan cada uno en una empresa de transporte, y además creando un complejo sistema de cupos que se asignarán año a año,sin modernizar un solo punto del sector taxista” refirió Toro.

La propuesta del Congresista Toro que se radicó en 2019 y ahora vuelve a radicarse, propone entre otras cosas, la eliminación del nocivo sistema de cupos de taxis, previa compensación realizada por un fondo alimentado por el 1% de cada servicio facturado por las plataformas de transporte, eliminando así una mafia que ha impedido la modernización del sector transportador en ciudades como Bogotá. Así mismo, propone que las tarifas de las plataformas se fijen por libre competencia, para que los usuarios escojan las plataformas con mejores tarifas; e incluso propone que a los taxistas se les permita una especie de tarifa dinámica, siempre y cuando se usen dispositivos electrónicos y apps para su cálculo y control.

La propuesta gobiernista es totalmente opuesta en estos temas: propone mantener el sistema de cupos de taxis, y además plantea crear un nuevo sistema de cupos para las plataformas, bajo el nombre de “capacidad transportadora” que se otorgará de forma anual, y no transferible, a los conductores que ahora deberán constituirse en empresas unipersonales para poder prestar el servicio de transporte. Un error que ya han tenido que enmendar algunos países. Hoy los países van en el sentido de desmontar el obsoleto sistema de cupos compensando a sus propietarios y el gobierno quiere crear una nueva mafia de cupos pero ahora con plataformas.

El Congresista manifiesta su preocupación ante el nuevo proyecto de la Bancada de Gobierno, radicado para hacer contrapeso al proyecto de ley de su autoría que fue hundido por estrategia del Ministerio de Transporte en la legislatura pasada “Es muy preocupante que la propuesta gobiernista quiera dilatar y dificultar esta discusión solo por oponerse a mi Proyecto. Es una propuesta que claramente no oye a los conductores, ni a las plataformas, ni a los taxistas, ni mucho menos a los usuarios de lado y lado, deja preocupado a todo el mundo. En vez de avanzar en una reglamentación moderna y ajustada a la realidad de la tecnología, lo que proponen es mantener las viejas y nocivas formas: crear una infinidad de empresas de transporte unipersonal, crear un sistema de cupos para limitar la competencia, limitar los servicios a una sola jurisdicción (es decir, no existirán más servicios entre Bogotá y municipios cercanos como Cota, Chía o La Calera), crea más de 10 trámites que además deberán ser reglamentados por los Concejos Municipales de cada ciudad independientemente (demorando quién sabe cuántos años más la entrada en funcionamiento de estas normas, y en un supuesto gobierno anti-trámites), y limita los servicios a pagos con tarjetas electrónicas, volviéndolo un servicio elitista y desconociendo que antes de la pandemia, la mayoría de servicios se prestaban en efectivo para personas que no cuentan con tarjetas de crédito”

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