376 Quejas por Abuso de Autoridad ante la Personería
La Personería de Bogotá ha recibido en el presente año 376 peticiones y quejas por presunto abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, actos de estigmatización, discriminación o xenofobia por parte de la fuerza pública en la ciudad, 202 de ellos, entre el 9 y 14 de septiembre, a partir de la muerte de Javier Ordóñez.
Para el 31 de agosto de 2020 el ente de control tenía el reporte de 174 casos de presuntas irregularidades en la actuación de la Policía, de los cuales 141 se trasladaron antes de la muerte de Javier Ordoñez, para las investigaciones disciplinarias y penales. En algunos se pidieron Agencias Especiales y vigilancia a la Procuraduría.
Con los disturbios del 9 de septiembre de 2020 se incrementaron los requerimientos recibidos en la entidad. De especial gravedad los hechos reportados, donde 75 personas fueron heridas por armas de fuego, quejas que fueron asumidas por la Procuraduría que adelanta las investigaciones disciplinarias.
Al tiempo, se solicitó a la Fiscalía que investigue la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, lesiones personales, homicidio, violación de domicilio, violencia de género, estigmatización en las protestas sociales, al presentarse durante estas 9 personas muertas y 581 heridas, 216 miembros de la Policía y 365 civiles.
La Personería en 2019 había registrado 331 requerimientos ciudadanos por posible abuso de autoridad policial, incidiendo las protestas del 21 de noviembre. En 2018, hubo 153 reportes y en 2017, 207.
Balance protestas del 9 al 13 septiembre
Las distintas confrontaciones entre los manifestantes y los uniformados de la Policía dejaron, el 9 de septiembre, 61 buses rojos vandalizados y 9 incinerados, así como 152 buses azules averiados, y otros 5 incinerados.
Alrededor de 100.000 personas fueron afectadas al no poder movilizarse y debieron caminar largos trayectos para regresar a sus hogares. Más de 70 instalaciones de la Policía fueron atacadas, alrededor de 56 vehículos y 87 motos de la Policía averiadas.
Entre el 9 y el 10 de septiembre, en varios lugares de Bogotá, según los reportes ciudadanos y de organizaciones civiles, la Policía estuvo utilizando armas de fuego contra los manifestantes, lo cual resulta de especial atención de acuerdo con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Las protestas sociales continuaron, el blanco de estas fueron nuevamente los CAI de la Policía, atacados con piedras y otros objetos. En estos disturbios volvieron a prenderle fuego a algunos CAI, destruyeron los ubicados en los barrios Las Ferias, Libertadores, La Macarena, La Gaitana y Verbenal, entre otros.
Alrededor de las 9 de la noche del 10 de septiembre se presentó el robo de un bus de SITP donde atracaron a sus pasajeros, en el proceso de huida atropellaron a una mujer que murió minutos después en el Hospital de Suba. En esta jornada 11 CAI fueron vandalizados, en total 79 CAI vandalizados y otros incinerados, considerando que en total son 256 CAI en Bogotá.
En esta jornada de protestas, de acuerdo a los requerimientos ciudadanos recibidos se presentaron las detenciones ilegales a defensores de derechos humanos en los CAI Contador, ubicado en el Parque Alcalá y el de Fontanar en Suba.
Vulneraciones
Además, se recibieron manifestaciones de presuntas acciones de uso indiscriminado de armas de fuego por parte de uniformados de la Policía en Verbenal, Suba y Kennedy, así como el uso piedras, palos, y otro tipo de objetos.
De otra parte, se indica el supuesto intercambio de entrega de armas entre personas vestidas de civil y uniformados de la Policía, al parecer, presencia de agentes no identificados en las calles actuando de manera coordinada y el ocultamiento de placas por parte de algunos uniformados.
La Personería en defensa de los derechos humanos, enfoque de género (diferencial étnico y de diversidad), se traslada y se hace seguimiento buscando garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de abuso de autoridad, el debido proceso, la transparencia y el derecho a conocer la verdad. Por lo anterior, pedimos que se denuncie las vulneraciones de derechos humanos, se construyan escenarios de mediación y las investigaciones disciplinarias y penales arrojen resultados.
