Mujer embarazada recupero su trabajo por medio de una tutela
El Juzgado 4 de Pequeñas Causa Laborales de Bogotá falló una tutela elaborada por la Personería de Bogotá en la que ordenó a la Secretaria de Integración Social, Xinia Roció Navarro realizar todos los trámites para volver contratar a Ingrid Paola Peña Ramírez, a quien no le renovaron el contrato, pese a tener 36 semanas de embarazo.
La decisión ordena que como mínimo debe bridársele el contrato de prestación de servicios hasta la terminación del período de lactancia, para restablecer los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la igualdad, al trabajo y a la protección especial a la maternidad de ella y su hijo por nacer, vulnerados por Integración Social.
A la señora Peña Ramírez, quien trabaja en un jardín infantil, no le fue renovado el contrato laboral con la Secretaría Distrital de Integración Social, aunque cumplía con todos los requisitos y su condición especial de estar embarazada. Esto ocasionó que fuera desvinculada de la EPS y de la ARL poniendo en riesgo, no sólo su salud sino la de su hijo por nacer.
Sin contrato
Paola Peña estaba vinculada con la Secretaría desde enero de 2014 bajo la modalidad de contrato y su embarazo no le impidió cumplir con sus responsabilidades.
Tras aproximarse la terminación de su contrato, la señora Peña advirtió al supervisor del contrato, a través de correos y por mensajes de texto de Whatsapp, la fecha estimada de su parto.
El 25 de mayo recibió una llamada en la que le decían que su carpeta para el contrato había sido devuelta porque en ella no estaba un papel que certificara un contrato en 1999. Ella aclaró que eso era imposible haber celebrado un contrato ese año, pues a esa época tenía sólo 10 años de edad.
Después de la aclaración, el 29 de mayo, fue notificada por correo electrónico que contaba con un contrato para firmar en la platafoma de SECOP II. Le informaron que del área de contratación de Integración Social en la que además le explicaron que sólo quedaba pendiente el acta de inicio.
El 2 de junio, la Secretaría le informó que el proceso contractual presentaba algunos retrasos debido a los ajustes de armonización presupuestal de la Administración Distrital y que se reiniciaran el 1 de julio.
Después de esto y en un control médico, la señora Peña se dio cuenta que estaba desafiliada a la ARL y al indagar le informaron que su proceso de contratación se iniciaría nuevamente cuando terminara su licencia de maternidad.
Ante la situación, la Personería elaboró la tutela que logró proteger sus derechos y los de su hijo.