Destrozos, inseguridad y vandalismo denuncian vecinos de Portal Suba
En el marco de un recorrido por las instalaciones y los alrededores del Portal de Suba, los residentes de la localidad, denunciaron el incremento de delitos en la localidad que van de la mano con el vandalismo que se ha propiciado con los disturbios de las protestas de los últimos tres meses.
La visita promovida por la Comisión contra el vandalismo del Concejo de Bogotá y acompañada por la concejal Lucía Bastidas y su equipo, convocó además a delegados de las secretarías de Seguridad, de Gobierno y la Personería, para escuchar a los vecinos de la zona y dar respuesta a sus inquietudes con compromisos a los que harán seguimiento los cinco concejales que integran la comisión.
Entre otras cosas, los ciudadanos del sector aseguran no solo estar afectados con los daños al Portal o a los semáforos que limitan su movilidad, por el daño al espacio público que ha sido saqueado para agredir a la Fuerza Pública, con canecas, andenes, paraderos y señales de tránsito vandalizados; sino en el estado de su salud mental, que ha recibido un gran impacto por la zozobra y el temor constante de salir heridos, por las amenazas que les hacen personas encapuchadas o porque incluso su vida peligra al intentar volver a casa.
La inseguridad, ha sido otro factor que para para los residentes de barrios como Tibabuyes, Bilbao y Pinar, ha sido uno de los más delicados y que ha estado fuera del control de la Administración Distrital, pues no solo en las noches sino a plena luz del día, son víctimas de hurtos a mano armada, amenazados y obligados a pagar peajes ilegales por pasar de una calle a otra por personas que participan de las manifestaciones; además de que con los campamentos y zonas para la ubicación de los manifestantes, se ha dado lugar a la instalación de cambuches y llegada de habitantes de calle que ahora habitan en los separadores y pasos de agua, especialmente en la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Suba.
Otros hechos como los ataques a miembros de la Policía que fueron golpeados, amenazados y hasta quemados con elementos incendiarios en medio de los disturbios son rechazados por la comunidad que manifestó su preocupación al considerar que constituyen además una falta de gobernabilidad en la localidad y que le abren paso a mayor frecuencia y mayor violencia de los hechos delictivos que ya tienen lugar.
