No mas indiferencia a las vulneraciones de los derechos de indígenas en Guaviare
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entregó un informe anual sobre vulneraciones a las comunidades indígenas del departamento del Guaviare para que las entidades del orden municipal, departamental y nacional presenten planes concretos a fin de solucionar la crisis humanitaria en esta región. “Con paños de agua tibia no se pueden solucionar los problemas estructurales y las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que hemos venido denunciando desde hace varios años”, añadió.
Además de compartir el informe directamente en San José del Guaviare con líderes de los pueblos indígenas Jiw, Nükak, Sikuani, Tucano y Karijona, el Defensor del Pueblo le entregará una copia a la señora Procuradora Margarita Cabello, como cabeza del ministerio público, para que se puedan adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar contra los funcionarios que, por acción u omisión, hayan permitido la vulneración de los derechos de las comunidades, y especialmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección constitucional.
“Vinimos a San José del Guaviare a reiterarle a las comunidades, como lo hicimos en agosto pasado, que seguiremos trabajando sin descanso para lograr que las entidades del Estado cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los pueblos étnicos de esta región del país”, aseguró Carlos Camargo.
A juicio del Defensor del Pueblo, “es inconcebible que las entidades requieran que nosotros, como organismo de control en DDHH, tengamos que presentar nuestro informe anual o que se anuncien investigaciones para que los funcionarios tanto del nivel municipal, departamental y nacional cumplan con sus obligaciones”.
A través de la Alerta Temprana Estructural 05-2019 y en el Informe de Seguimiento del 31 de diciembre de 2021 la Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Nükak y Jiw en situación de desplazamiento, ubicados en asentamientos temporales en San José del Guaviare. “Hoy ese riesgo no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.”, recalcó Carlos Camargo.
“Lo que queda claro con la situación de vulneración a los derechos humanos de las comunidades indígenas es la indiferencia institucional para tomar acciones concretas que pongan freno al abuso y la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que los funcionarios públicos ni la ciudadanía normalicen este tipo de vulneraciones”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
