Luego del atentado terrorista ocurrido en la noche del domingo 18 de mayo en el barrio Los Lagos, en Aguablanca, Comuna 13 de Cali, que según los primeros reportes de las autoridades dejó tres policías y cuatro civiles heridos, entre ellos dos menores de edad, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sostuvo una reunión con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con el objetivo de analizar la información disponible y definir las medidas para contrarrestar a los criminales responsables de esta acción.
Durante el encuentro, adelantado en Bogotá, en el despacho del jefe de la cartera de Defensa, se anunció que en la ciudad de Cali y su área metropolitana, tanto el Ejército como la Policía reforzarán y fortalecerán sus dispositivos de inteligencia e investigación. El propósito es desplegar sus capacidades para individualizar y judicializar tanto a los autores materiales como intelectuales de este hecho.
Se hará uso de medios técnicos y tecnológicos, así como de un equipo humano altamente capacitado. Las unidades especializadas serán desplegadas para aumentar los esfuerzos operacionales, fortaleciendo el dispositivo de seguridad en la ciudad y garantizando la protección de la ciudadanía.
El Ministro de Defensa reiteró que las recompensas estarán a disposición de quienes aporten información efectiva que permita ubicar y capturar a los criminales responsables confirmó que hasta 300 millones de pesos, y la Alcaldía de Cali sumará otros 200 millones de pesos. Asimismo, se mantienen 50 millones de pesos por información que permita anticipar y neutralizar acciones terroristas.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el atentado de anoche, al igual que el ocurrido el pasado 25 de abril contra el CAI del barrio Jorge Eliécer Gaitán y el secuestro del pequeño Lyan en Jamundí, son atribuidos a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, cuyos cabecillas son alias Oso Yogui, alias Marlon y alias Iván Mordisco.
De igual manera se dispuso de la Línea gratuita 107 contra el terrorismo, en donde la ciudadanía, con absoluta reserva, podrá denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población o la presencia de sujetos que pertenezcan a grupos armados organizados y residuales.
