El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó sobre la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía tras los hechos violentos ocurridos entre el 14 y el 17 de octubre. Los ataques afectaron infraestructura pública, el sistema de transporte, instalaciones oficiales y amenazaron incluso a la Embajada de EE. UU. Se investigan delitos como terrorismo, asonada, daño agravado y concierto para delinquir.
El mandatario afirmó que estos actos no fueron protestas pacíficas, sino acciones organizadas y coordinadas con la intención de intimidar a la ciudadanía. Recalcó que se trató de hechos criminales que pusieron en riesgo la seguridad pública y que no pueden ser confundidos con manifestaciones legítimas protegidas por la Constitución.
Galán reiteró su respeto al derecho a la protesta pacífica, pero fue enfático en rechazar cualquier acto violento. Señaló que es deber del gobierno garantizar tanto el derecho a manifestarse como la protección de quienes no lo hacen, y aseguró que lo sucedido fue una acción premeditada para causar temor en la ciudad.
La Alcaldía pidió a la Fiscalía avanzar rápidamente en la identificación de los responsables materiales e intelectuales, y solicitó apoyo del Gobierno Nacional para permitir el actuar de la Fuerza Pública. También anunció que seguirá entregando pruebas para judicializar a los culpables y advirtió que ningún grupo violento estará por encima de la ley.
