La Fiscalía General desplegará un contingente de 181 servidores en Córdoba para vigilar las elecciones legislativas y presidenciales. El equipo, compuesto por fiscales y agentes del CTI, cubrirá los 594 puestos de votación en todo el departamento. Esta estrategia busca garantizar la transparencia y la legalidad durante los comicios que se realizarán en marzo y mayo.
Bajo la dirección de Silvia Hoyos González, se implementará un plan para investigar y judicializar delitos que vulneren el voto. Se brindará una vigilancia diferencial en municipios de alto riesgo como Puerto Libertador, Tierralta y también Montelíbano. Los funcionarios estarán listos para desplazarse y atender cualquier alerta delictiva que surja antes o durante la jornada.
La entidad aseguró presencia en los 30 municipios de Córdoba, incluso en zonas donde no cuentan con sedes físicas permanentes. Los ciudadanos podrán reportar irregularidades de forma presencial o mediante canales virtuales como la página web y la línea 122. El objetivo final es blindar el derecho ciudadano al sufragio mediante una recepción de denuncias ágil y efectiva.