La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público, al supuestamente ordenar la asignación de un proyecto de gasificación en La Guajira a un particular específico entre agosto y septiembre de 2024. La investigación sugiere que esta intervención ilegal estaba vinculada a la adquisición de un inmueble en Bogotá por parte de Roa, obtenido a un precio inferior al comercial y con condiciones preferenciales a través de una empresa vinculada al contratista.
El presidente de la estatal petrolera no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía tras la presunta manipulación de la contratación, la cual finalmente no se concretó debido a la suspensión de la iniciativa. El caso evidencia un posible conflicto de interés que compromete la gestión del directivo al frente de la compañía. Se puede encontrar más información sobre este caso en los reportes de la Fiscalía General de la Nación.
