La Fiscalía judicializó a la inspectora de policía de Sogamoso, Leydi Rincón Castro, y a Luis Alberto Arenas por presuntamente exigir dinero a cambio de evitar sanciones urbanísticas. Según la investigación, ambos habrían usado una supuesta infracción para presionar económicamente a la víctima. El caso está relacionado con decisiones administrativas sobre una obra. Las autoridades los señalan de abusar del poder público. El proceso avanza bajo cargos de corrupción.
De acuerdo con el material probatorio, los implicados habrían simulado gestiones para archivar el proceso sancionatorio. La funcionaria habría advertido sobre una multa elevada como forma de intimidación. Posteriormente, junto a su presunto cómplice, habrían solicitado seis millones de pesos. Este dinero sería a cambio de evitar el sellamiento de la obra. La víctima habría sido presionada bajo falsas promesas de solución.
Ambos fueron capturados en un operativo conjunto del CTI, la Policía y el Gaula del Ejército. La Fiscalía les imputó los delitos de concusión y simulación de investidura, cargos que no aceptaron. A la inspectora se le impuso medida de aseguramiento domiciliaria. El caso continúa en investigación para determinar responsabilidades. Las autoridades buscan esclarecer completamente los hechos.
