En Cundinamarca no hay presencia de grupos al margen de la ley
El primer mandatario de Cundinamarca rechazo de manera enfática las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo acerca de la existencia de grupos armados ilegales en los municipios circundantes a Bogotá, como son Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque, aseverando que ninguna entidad u organismo gubernamental había notificado con anterioridad dicha situación.
En ese sentido, la Secretaría de Gobierno departamental adelantó consultas con algunas fuentes importantes en materia de seguridad, como el general Juan Pablo Rodríguez, quien en el año 2009 fue comandante de la quinta división del Ejército Nacional y aseguró que a partir del 2008 Cundinamarca quedó totalmente libre de grupos armados organizados, es decir, aquellos que cuentan con un comando y control, con estructura armada, áreas campamentarias y que estén delinquiendo en un área específica del departamento como las Farc y el ELN.
Concretamente, se estableció que este logro se gestó durante los años 2001, 2002 y 2003 cuando, con la operación Libertad 1 y 2, se dio como resultado la expulsión definitiva de los integrantes de las FARC que delinquían en Cundinamarca, tras realizar operativos pertinentes para acabar con la presencia de dichos grupos terroristas en el departamento.
Según las alertas de la Defensoría del Pueblo, los actores armados ilegales conforman una red criminal, que funcionaría como cuerpo colegiado ubicando en la base a los grupos de crimen organizado con presencia regional o local. En el medio se encontrarían las agrupaciones de alcance nacional y, en el último nivel estarían las organizaciones de crimen transnacional y los grupos armados ilegales.
Finalmente, el mandatario reiteró que, para garantizar la seguridad en el departamento se ha adelantado un trabajo articulado con instituciones como la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Defensoría y no se han determinado este tipo de circunstancias.
“Partimos del principio de la buena fe y por eso queremos entenderlo, queremos conocer los detalles para poder actuar, y para poder tomar medidas, pero si nos genera una gran preocupación una afirmación de este tamaño en un departamento que históricamente ha dado ejemplo de trabajo en búsqueda y consolidación de la paz”, puntualizó García Bustos.
